Por Juan Pablo Ojeda
Desde hace más de una década, México mantiene una cooperación constante con agencias de seguridad extranjeras, una realidad que volvió al centro del debate público luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmara oficialmente la presencia de agentes de al menos 14 países operando en territorio nacional. Lejos de tratarse de una acción clandestina o al margen del Estado, la Cancillería subrayó que esta colaboración se realiza bajo esquemas institucionales, con conocimiento y supervisión del gobierno mexicano.
La información fue entregada por la SRE a través de una solicitud de transparencia, en la que detalló que todos los agentes extranjeros cuentan con acreditación formal y están sujetos al control directo de la propia Cancillería, además de trabajar coordinadamente con dependencias del Gabinete de Seguridad. Es decir, no actúan por cuenta propia ni realizan operaciones unilaterales.
Sin embargo, la dependencia también dejó claro que datos clave como el número de agentes, sus funciones específicas y las zonas donde operan están clasificados como información reservada por un periodo de cinco años. La razón, según la respuesta oficial, es que revelar estos detalles podría poner en riesgo operaciones sensibles y afectar las relaciones diplomáticas de México con otros países. En palabras de la SRE, hacer pública esta información “mermaría la convivencia armónica entre los sujetos internacionales”.
Entre los países con agencias de seguridad acreditadas en México se encuentran Alemania, Australia, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, El Salvador, Francia, Israel, Italia, Perú, República Dominicana y China. A este grupo se suma Estados Unidos, que destaca por la magnitud de su cooperación: 13 dependencias federales estadounidenses tienen agentes acreditados ante el gobierno mexicano.
La lista incluye agencias ampliamente conocidas como la DEA, el FBI, la ATF, el Servicio Secreto y el Departamento de Seguridad Interna, así como instancias relacionadas con migración, aduanas, combate al lavado de dinero y control de activos. Todas ellas, de acuerdo con la SRE, operan bajo convenios bilaterales vigentes y conforme a la Ley de Seguridad Nacional, que obliga a registrar y autorizar cualquier actividad de recolección de información en México, con la participación de la SSPC, el Ejército y la Marina.
Este entramado de cooperación internacional se conecta con otro tema que ya está en manos del Senado: la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum para autorizar el ingreso temporal de personal militar estadounidense. El planteamiento contempla la llegada de 19 elementos de los Navy SEALs y diez integrantes del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de Estados Unidos, quienes participarían en un programa de adiestramiento conjunto con la Secretaría de Marina.
De acuerdo con el documento enviado a la Cámara Alta, los elementos ingresarían al país el 12 de enero de 2026 a bordo de una aeronave Hércules C-130, con aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Toluca, y permanecerían hasta el 15 de abril. La solicitud incluye que el personal porte armamento, conforme a lo permitido por la Constitución, pero deja explícito que no realizarán operaciones armadas, patrullajes ni acciones contra el crimen organizado.
El gobierno federal ha insistido en que se trata exclusivamente de capacitación, entrenamiento táctico y fortalecimiento de capacidades de las fuerzas especiales mexicanas. Además, el acuerdo contempla reciprocidad: elementos de la Armada de México participarían en un ejercicio equivalente en Camp Shelby, Mississippi, como ha ocurrido en administraciones anteriores.
Tanto la SRE como la Presidencia han reiterado que la cooperación con agencias y fuerzas militares extranjeras se rige por principios de soberanía, legalidad y control institucional, descartando cualquier forma de intervención directa. La última palabra, como marca la ley, la tendrá el Senado de la República, que deberá analizar y votar la autorización conforme al marco constitucional mexicano.
