Por Bruno Cortés
El coordinador del PRI en la Cámara baja, Rubén Moreira Valdez, salió a hablar claro y sin rodeos: para él, México no va bien y el problema no es menor. En su diagnóstico, el país camina entre un fracaso económico, un endeudamiento acelerado y una estrategia política que, dice, busca concentrar el poder y arrinconar a la oposición desde el propio Gobierno Federal.
Moreira lo explica en términos sencillos. El crecimiento prometido nunca llegó. Aquella idea de que la economía iba a avanzar al 5 por ciento quedó, según él, en discurso. Hoy —advierte— la inflación presiona el bolsillo, el empleo formal se reduce y desde el gobierno se juega con las cifras para confundir: no es lo mismo decir que alguien “está ocupado” que decir que tiene un trabajo con prestaciones, seguridad social y estabilidad. En medio de ese panorama, acusa, el gobierno ha recurrido a la deuda como tabla de salvación: primero miles de millones de dólares, luego miles de millones de euros y, para colmo, renegociaciones con intereses más altos que antes. En pocas palabras, dinero prestado que saldrá caro.
Desde el Congreso de la Unión, el PRI —dice— va a insistir en que los funcionarios den la cara. Un ejemplo es el descarrilamiento del Tren Interoceánico, un proyecto que se presentó como motor de desarrollo y que hoy genera más preguntas que respuestas. Para Moreira, no basta con comunicados; deben comparecer ante la Cámara de Diputados el secretario de Marina y los responsables de los trenes para explicar qué falló y por qué.
En el terreno político-electoral, el diputado sube el tono. Habla de una supuesta “Ley Maduro”, un paquete de reformas que —según su versión— busca preparar el terreno para que el oficialismo no suelte el poder rumbo a 2030. En su narrativa, el plan sería debilitar al Instituto Nacional Electoral, borrar a los partidos incómodos y reducir la presencia de opositores en el Congreso. La revocación de mandato, añade, también estaría en la mira: adelantarla y controlarla desde el gobierno para usarla como herramienta política, no como ejercicio ciudadano.
El discurso se endurece cuando habla de Campeche. Ahí, denuncia la detención del rector de la universidad estatal, a quien describe como un académico respetado. Según su relato, fue detenido bajo un pretexto, luego apareció una acusación por droga y, esa misma noche, el consejo universitario cambió de rector. Para Moreira, el mensaje es claro: persecución, censura y castigo a quien estorba. Incluso asegura que hay periodistas vigilados, sentencias contra comunicadores y personas encarceladas por protestar contra obras públicas que no funcionaron.
En el plano internacional, el diputado mira hacia el norte. Las declaraciones de Donald Trump sobre el futuro del T-MEC no son un tema menor. Moreira sostiene que América del Norte necesita ese tratado para competir con otras regiones del mundo, pero advierte que México llega débil a la revisión: sin gas suficiente, sin electricidad barata, con problemas en petróleo y alimentos, y con una política exterior que —dice— ha sido improvisada.
Ahí apunta directo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la que acusa de estar desmantelada, sin la tradición diplomática que alguna vez tuvo México. Embajadas ocupadas por perfiles sin experiencia, consulados en Estados Unidos sin recursos para pagar sueldos y una sensación de desorden que, según él, pasa factura en los momentos más delicados. Incluso critica al secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, por opinar de temas de seguridad y por no haber sido incluido en conversaciones clave con Trump.
El mensaje de Moreira es, en el fondo, una advertencia: cuando la economía se desacelera, la deuda crece y las reglas del juego político se tensan, el riesgo no es solo para los partidos, sino para la vida diaria de la gente. Menos empleo, precios más altos y menos contrapesos en el poder terminan afectando a todos, incluso a quienes nunca han seguido una sesión del Congreso.
