Por Juan Pablo Ojeda
La relación entre el Estado mexicano y los organismos internacionales de derechos humanos volvió a colocarse en el centro de la agenda pública. Este viernes, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Humberto Henderson, sostuvo una reunión de trabajo con la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, para revisar y fortalecer los protocolos de investigación en casos especialmente sensibles.
El diálogo se centró en temas que desde hace años marcan la crisis de derechos humanos en el país: la protección de personas defensoras y periodistas, la investigación de desapariciones, los feminicidios y la necesidad de mejorar la coordinación entre la FGR y las fiscalías estatales. De acuerdo con ONU-DH, el encuentro permitió intercambiar puntos de vista sobre cómo mejorar las capacidades institucionales para investigar estos delitos y garantizar una mayor protección a las víctimas.
Desde la Fiscalía, Ernestina Godoy confirmó que la reunión tuvo como objetivo reforzar los mecanismos de colaboración con la ONU y refrendar el compromiso de la institución con los derechos humanos. La fiscal subrayó la importancia de trabajar de manera conjunta para que las investigaciones sean más eficaces y no se queden en el papel.
En la reunión también participaron Claudia Luengas, consejera general de la FGR, y Mariana Díaz, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, lo que refleja que el tema no se abordó como un gesto político, sino como parte de una estrategia institucional más amplia.
El acercamiento ocurre en un contexto complicado. En los últimos años, la ONU-DH ha alertado de manera constante sobre los altos niveles de violencia en México, la impunidad en los casos de feminicidio, el registro de más de 110 mil personas desaparecidas y los ataques recurrentes contra periodistas y defensores de derechos humanos. Frente a ese panorama, la cooperación entre la Fiscalía y organismos internacionales aparece como una pieza clave para cerrar la brecha entre el discurso oficial y los resultados en la investigación de estos delitos.
