La tarde de ayer, un operativo del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) en la Alameda Central derivó en un momento de tensión social, luego de que personal de la dependencia intentara retirar a un adulto mayor que vendía paletas de manera pacífica en este espacio público del Centro Histórico.
De acuerdo con testimonios de transeúntes, el comerciante —de la tercera edad— mostró en repetidas ocasiones los permisos que acreditaban su actividad; sin embargo, elementos policiales que acompañaban al personal del INVEA continuaron con el hostigamiento, insistiendo en retirarlo del lugar.
La escena no pasó desapercibida. Personas que caminaban por la Alameda Central comenzaron a cuestionar la actuación de las autoridades y, de forma espontánea, se organizaron para respaldar al vendedor, argumentando que su actividad no representaba ningún riesgo y que, por el contrario, era una forma honesta de subsistencia ante la falta de oportunidades para los adultos mayores.
El respaldo ciudadano fue clave. Gracias a la presión social y a los reclamos directos hacia los elementos policiales, las autoridades desistieron de confiscar la mercancía del comerciante, permitiéndole conservar sus paletas y retirarse sin mayores consecuencias.
El hecho abrió un debate inmediato sobre las prioridades en la aplicación de la ley. Para muchos, resulta preocupante que los operativos se enfoquen en comerciantes vulnerables, mientras persisten problemas más graves de comercio irregular, inseguridad y abuso del espacio público que no reciben la misma atención.
La situación evidenció también la fragilidad económica que enfrentan miles de adultos mayores en la capital, quienes, pese a su edad, continúan trabajando en la vía pública ante la insuficiencia de pensiones y apoyos sociales para cubrir necesidades básicas.
Más allá del operativo, el episodio dejó una lección clara: la ciudadanía no es indiferente cuando percibe una injusticia. La reacción colectiva en la Alameda Central reflejó una exigencia social por un trato más humano, proporcional y sensible por parte de las autoridades hacia quienes trabajan para sobrevivir.
El retiro fallido del adulto mayor no solo fue un acto administrativo cuestionado, sino un recordatorio de que la legalidad sin empatía puede convertirse en abuso, y que la justicia social también se defiende desde la calle.
