Por Bruno Cortés
En el Congreso mexicano el tema volvió a la mesa con fuerza. El diputado Jesús Valdés Peña, acompañado de legisladoras y legisladores de Morena, lanzó un llamado directo: reforzar las acciones para detener el tráfico de armas que cruza desde Estados Unidos hacia México, porque —dijeron— la violencia que vive el país no se entiende sin ese flujo constante de rifles y pistolas.
El dato es duro: alrededor del 78 por ciento de las armas que se recuperan en escenas del crimen en México provienen de Estados Unidos. Es decir, casi ocho de cada diez. Y cuando se combina el tráfico de armas con el de drogas, el resultado es una espiral de violencia que termina afectando barrios completos, familias enteras y comunidades que viven con miedo.
Valdés Peña lo explicó en términos claros: en siete de cada diez delitos en México hay presencia de armas de fuego. No se trata solo de números, sino de lo que ocurre en la vida cotidiana. Recordó operativos recientes donde se decomisaron armas de alto calibre, capaces de generar enfrentamientos más letales. Más armas disponibles significa más capacidad de fuego para el crimen organizado y, en consecuencia, más víctimas.
La diputada María Rosete fue más allá y puso rostro humano al problema. Dijo que detrás de cada arma que cruza ilegalmente la frontera hay niñas y niños que quedan huérfanos, madres que entierran a sus hijos y colonias que se acostumbran al sonido de los disparos. Señaló que estas armas no aparecen por arte de magia: alguien las fabrica, alguien las vende y alguien permite que crucen. Mientras tanto, en México se pagan las consecuencias.
Por eso, recordó, el Gobierno mexicano decidió demandar en tribunales estadounidenses a fabricantes y distribuidores de armas por prácticas comerciales que, según su postura, facilitan el tráfico ilegal. Fue una decisión inédita: llevar el tema más allá del discurso político y convertirlo en una batalla legal internacional. La idea es que no solo se castigue a quien dispara, sino que también se revisen las responsabilidades de quienes permiten que esas armas terminen en manos criminales.
En esa misma línea, la diputada Selene Ávila Flores adelantó que se preparan ajustes legales en materia de seguridad pública y seguridad nacional. La apuesta es revisar el andamiaje jurídico completo: desde políticas sociales hasta marcos regulatorios, para cerrar espacios al tráfico ilegal. Insistió en que no es un asunto partidista, sino un tema que debería unir a todas las fuerzas políticas.
También intervino Leticia Bonifaz, especialista en derechos humanos, quien explicó que México solicitó una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para determinar si los Estados tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos frente a abusos de empresas que operan en su territorio y si las compañías deben prevenir impactos negativos en derechos humanos derivados de sus actividades. La respuesta de ese organismo podría marcar un precedente importante sobre la responsabilidad internacional en el comercio de armas.
En el fondo, lo que se discute no es solo un asunto diplomático o jurídico. Es una política pública que busca atacar una de las raíces de la violencia: el acceso casi ilimitado a armamento de alto poder. Si se frena la oferta, sostienen los legisladores, se debilita parte de la capacidad operativa del crimen organizado. No es una solución mágica ni inmediata, pero sí una pieza clave dentro de una estrategia más amplia de seguridad.
El mensaje final fue claro: no se puede normalizar que la mayoría de las armas usadas en delitos en México vengan del extranjero. Poner el tema en la agenda pública, presionar por mayor cooperación bilateral y ajustar leyes internas forma parte de una misma ruta. Para los diputados de Morena, el tráfico de armas no es un dato técnico; es un factor que está moldeando la violencia que viven miles de familias todos los días.
