Por Juan Pablo Ojeda
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que fue vinculado a proceso Javier Tapia Santoyo, exsecretario de administración y finanzas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y extesorero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por su presunta participación en la firma de contratos por alrededor de 11 millones de pesos con una empresa considerada fantasma.
De acuerdo con la dependencia federal, el exfuncionario habría suscrito tres contratos cuando se desempeñaba como coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE. La investigación apunta a que los convenios se realizaron con una empresa incluida en el listado del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que identifica a contribuyentes que simulan operaciones.
La FGR detalló que, además de la contratación irregular, se detectaron diversas transferencias electrónicas mediante las cuales Tapia Santoyo posiblemente habría recibido recursos de manera directa o a través de triangulaciones con terceros, incluso después de asumir el cargo público.
Las indagatorias sobre el caso se intensificaron desde diciembre pasado, cuando el IPN anunció la suspensión temporal del funcionario mientras se realizaban investigaciones por presuntos actos de corrupción. En ese momento, la medida fue solicitada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para facilitar el desarrollo de las pesquisas.
El entonces director del Politécnico, Arturo Reyes Sandoval, instruyó a la Secretaría donde laboraba el funcionario a colaborar con las autoridades y entregar la información requerida para esclarecer los hechos.
El caso también se relaciona con denuncias presentadas el año pasado por la Asociación de Ciudadanos Unidos para Erradicar la Corrupción (ACUEC) ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en las que se señalaba la existencia de una red de empresas favorecidas con contratos millonarios para servicios de limpieza y seguridad en el IPN, conocida como el “Cártel de la Limpieza”.
Entre las compañías señaladas se encuentra Servicios Integrales Retimar, proveedora del Politécnico con contratos por más de 2 mil millones de pesos. Según las denuncias, también habrían sido beneficiadas otras empresas vinculadas al mismo grupo empresarial mediante adjudicaciones directas o procesos de contratación.
Las investigaciones continúan para determinar el alcance de las presuntas irregularidades y las posibles responsabilidades administrativas o penales derivadas de estos contratos.
