Por Bruno Cortés
En el Congreso mexicano, donde muchas veces las discusiones suenan lejanas para la mayoría, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, salió a ponerle freno al llamado “Plan B” impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, especialmente en lo que toca a temas electorales.
Para decirlo claro: el PRI no quiere que se mueva nada en las reglas del juego electoral en este momento. ¿Por qué? Según Moreira, porque el país no está en condiciones y porque, desde su perspectiva, cualquier cambio podría inclinar la balanza a favor del gobierno en turno. En política pública, esto es clave: las reglas electorales son como el árbitro de un partido; si se cambian a mitad del juego, se pierde confianza en el resultado.
Uno de los puntos más polémicos del plan es la revocación de mandato, un mecanismo que en teoría permite a la ciudadanía decidir si un gobernante se queda o se va antes de terminar su periodo. Suena democrático, pero el priista asegura que en México se ha usado más como herramienta política que como control ciudadano. Incluso señala que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se utilizó para fortalecer su base política más que para evaluarlo.
La crítica de fondo es sencilla: Moreira considera que este tipo de mecanismos pueden convertirse en campañas adelantadas disfrazadas. Es decir, en lugar de servir para evaluar al gobierno, terminan siendo otra oportunidad para promoverse, lo que rompe la equidad en las elecciones. Por eso insiste en que, si realmente se quiere evaluar a un gobierno, ya existe una herramienta: las elecciones intermedias, donde la gente decide si le da o no mayoría en el Congreso.
Además, retoma una advertencia que ha hecho el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas: que este tipo de propuestas podrían abrir la puerta a que funcionarios —desde el nivel federal hasta estatal— se promocionen en pleno proceso electoral, algo que en cualquier democracia debería estar limitado.
En paralelo, Moreira también lanzó críticas al proceso legislativo. Acusó a la mayoría de Morena de cerrar el debate y no permitir que la oposición discuta o modifique las iniciativas. Traducido: que las decisiones se están tomando rápido y sin escuchar otras voces, lo que debilita la calidad de las leyes.
Y aunque el tema central era la reforma electoral, el diputado también tocó otro punto sensible: las “pensiones doradas”. Aclaró que el PRI está a favor de eliminarlas, pero cuestionó que la propuesta no sea pareja. Señaló como ejemplo a integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Olga Sánchez Cordero, quienes —según dijo— no serían afectados en la misma medida. Además, volvió a poner sobre la mesa el tema de la retroactividad, es decir, cambiar derechos ya adquiridos, algo que genera incertidumbre jurídica.
En pocas palabras, lo que está en juego no es solo una reforma más, sino cómo se diseñan las reglas del poder en México. Mientras el gobierno defiende cambios para, según dice, profundizar la democracia, la oposición advierte que podrían alterar el equilibrio. Y en medio de ese jaloneo, la pregunta clave sigue siendo la misma: ¿las nuevas reglas benefician a la ciudadanía o a quienes ya están en el poder?
