Ciudad de México, 07 de noviembre de 2025.— En lo que va del año, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha recibido alrededor de mil 194 denuncias por acoso sexual, una cifra que refleja la persistencia de este delito en la capital y en el resto del país. El reciente caso de acoso callejero contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien decidió denunciar públicamente a su agresor, ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y sanción en materia de violencia de género.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), desde 2018 se han registrado más de 77 mil llamadas de emergencia relacionadas con acoso sexual a nivel nacional. Sin embargo, especialistas señalan que estas cifras representan solo una fracción del problema, debido a que una amplia mayoría de las víctimas no denuncia.
La FGJCDMX ha señalado que, pese a los avances en la tipificación del delito, persisten obstáculos que impiden que las denuncias concluyan en sentencias. Entre estos factores destacan la falta de seguimiento de los casos, la insuficiente capacitación de autoridades de investigación y las limitaciones en la recopilación de pruebas, especialmente en contextos de espacio público.
A nivel federal, el Código Penal establece penas de entre 1 y 3 años de prisión para quien comete acoso sexual. Sin embargo, organizaciones civiles advierten que estas sanciones suelen ser bajas y no siempre se aplican, lo que contribuye a un alto nivel de impunidad. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el 94% de las mujeres que sufre acoso no presenta denuncia; entre las principales razones se encuentran la percepción de que el acto es “sin importancia”, el miedo a represalias y la desconfianza en las instituciones.
La denuncia presentada por Claudia Sheinbaum fue acompañada por un mensaje público en el que la mandataria subrayó la importancia de que las víctimas alcen la voz: “Hacer visible el acoso es el primer paso para erradicarlo”, declaró en conferencia. Su testimonio ha sido reconocido por organizaciones feministas, quienes señalan que su posición puede contribuir a generar un cambio cultural.
No obstante, especialistas insisten en que la visibilización debe ir acompañada de reformas estructurales. Proponen la creación de unidades especializadas para atender estos casos, así como campañas permanentes de educación y prevención en espacios públicos, centros laborales y escuelas. También se ha planteado la necesidad de fortalecer las medidas de protección para denunciar sin temor a represalias.
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ha señalado que, para combatir el acoso de manera efectiva, se requiere una política integral que combine sanción penal, atención psicológica, acompañamiento legal y educación con perspectiva de género. La institución subraya que el acoso no es un acto aislado, sino una manifestación de desigualdad estructural.
El caso de Sheinbaum ha marcado un precedente simbólico y político que podría impulsar nuevas iniciativas legislativas en el Congreso de la Unión. Legisladoras han adelantado que se revisarán los artículos relacionados con acoso en los códigos penales federal y estatales, con el objetivo de garantizar justicia efectiva para las víctimas.
La demanda central que hoy se posiciona desde diversos sectores es clara: el acoso sexual debe ser reconocido como un problema social prioritario y su combate requiere tanto acciones institucionales como un cambio cultural profundo que condene estas conductas y promueva relaciones de respeto e igualdad.
