Por Juan Pablo Ojeda
Lo que empezó como un recorrido público de rutina terminó en indignación nacional. Este martes 4 de noviembre, autoridades federales y capitalinas detuvieron a Uriel “N”, el hombre que acosó físicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum durante una caminata en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
El momento quedó grabado en video y se viralizó en cuestión de minutos. En las imágenes se observa a Sheinbaum caminando rumbo a un evento en la SEP, saludando a la gente, cuando el sujeto se acerca sin autorización, la abraza e intenta besarla en el cuello. Aunque una mujer intenta alertarla, el hombre insiste y personal de seguridad interviene para separarlo.
“Nos tomamos la foto, no te preocupes”, alcanzó a decir la presidenta mientras sus escoltas la protegían. Aun así, el individuo volvió a intentar acercarse antes de ser contenido. En el video se le escucha decir frases ininteligibles, entre ellas: “Claudia de América”.
La detención no ocurrió en ese instante, sino horas más tarde. Fue el periodista Carlos Jiménez quien confirmó que agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la SSC de la CDMX capturaron a Uriel Rivera en la Zona Centro.
El hecho provocó una ola de rechazo en redes sociales. Colectivos feministas, legisladores y ciudadanos exigieron sanción inmediata. Para muchos, el caso no solo es un ataque a la figura presidencial, sino un acto claro de violencia de género.
La bancada de Morena en el Congreso capitalino condenó lo sucedido, calificándolo como un reflejo del machismo persistente en el país. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, pidió reforzar la seguridad presidencial:
“No debe haber exceso de confianza. Basta un hombre desequilibrado para ponerla en riesgo”, advirtió.
Según el artículo 259 Bis del Código Penal Federal, el acoso o abuso sexual agravado puede castigarse con seis a diez años de prisión y hasta 200 días multa. En la Ciudad de México, el Código Penal establece penas de uno a tres años de cárcel y multas de 100 a 200 días por acoso con contacto físico no consentido.
El castigo dependerá de cómo las autoridades clasifiquen legalmente el hecho y si consideran agravantes como violencia o vulnerabilidad de la víctima. En algunos estados, el acoso sexual callejero puede llegar a castigarse hasta con ocho años de prisión.
Desde Palacio Nacional, la señal es clara: ni la investidura presidencial está exenta de violencia de género, pero tampoco habrá impunidad. El caso abre un nuevo debate sobre los límites entre cercanía con la gente y seguridad, especialmente en un país donde los ataques por misoginia siguen siendo una realidad.
