En términos formales, no hay evidencia de que el Gobierno de la Ciudad de México esté ejecutando un programa sistemático o institucional para quitar viviendas a habitantes con motivo del Mundial 2026. Sin embargo, residentes de diversas colonias aseguran que la especulación inmobiliaria vinculada al evento ha acelerado procesos de expulsión de población local, especialmente de sectores vulnerables.
Vecinos de colonias como Juárez, Centro Histórico y Xoco han denunciado desalojos forzados y presuntas irregularidades legales en la recuperación de predios, con un impacto estimado de hasta cuatro mil personas afectadas en zonas específicas. Activistas señalan la posible intervención de figuras jurídicas y fideicomisos, como el Fideicomiso para el Desarrollo Urbano (FIDAMPU), en procesos que califican como poco transparentes.
Estas inconformidades derivaron en protestas recientes, como la realizada el 14 de diciembre de 2025, en la que colectivos exigieron al gobierno capitalino la implementación de expropiaciones con fines sociales y la restitución de un protocolo contra desalojos que fue eliminado en 2019. Las manifestaciones también demandan garantías de vivienda digna y arraigo comunitario.
Especialistas en urbanismo y derecho a la vivienda advierten que el Mundial 2026 podría intensificar la gentrificación en zonas estratégicas de la capital. Este fenómeno, descrito por colectivos como “las cuatro D”: desplazamiento, desalojo, despojo y desarraigo, prioriza desarrollos inmobiliarios de alto costo y alojamientos temporales para turistas o extranjeros, en detrimento de la vivienda asequible para residentes locales.
Entre los casos más señalados se encuentran inmuebles del Centro Histórico, como el ubicado en República de Cuba 11, así como predios con presencia de comunidades indígenas o de larga data, presuntamente amenazados por megaproyectos urbanos, incluido el complejo Mitikah, en la alcaldía Benito Juárez.
Ante este escenario, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, ha anunciado medidas como el denominado “Bando 1”, orientado a regular el mercado de rentas y fortalecer la vivienda social. No obstante, vecinos y organizaciones civiles han expresado preocupación por la falta de lineamientos claros y mecanismos de aplicación efectivos.
De acuerdo con información del Gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), las políticas actuales buscan equilibrar el desarrollo urbano con el derecho a la vivienda, aunque reconocen que el fenómeno de la gentrificación representa uno de los principales retos rumbo a 2026. Mientras tanto, familias desalojadas permanecen en campamentos y continúan exigiendo soluciones que les permitan regresar a sus hogares de origen.
