Por Juan Pablo Ojeda
El gobierno de Estados Unidos volvió a defender su política migratoria de mano dura. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que durante la administración de Donald Trump más de 650 mil migrantes en situación irregular fueron arrestados, detenidos y deportados a sus países de origen, como parte de una estrategia que, dijo, buscó “recuperar el control” de las fronteras.
En conferencia de prensa en Nueva York, Noem afirmó que, además de las deportaciones, alrededor de 2.6 millones de personas abandonaron el país, muchas de ellas de manera voluntaria. Según la funcionaria, quienes salieron por su cuenta tendrían la posibilidad de intentar regresar en el futuro por la vía legal, con la expectativa de alcanzar el llamado “sueño americano”.
La titular de Seguridad Nacional subrayó que estas cifras son resultado directo de las decisiones tomadas durante el mandato de Trump, al insistir en que las personas deportadas no debieron haber estado en Estados Unidos por encontrarse de manera ilegal. En ese contexto, aprovechó para reconocer públicamente a los cuerpos de seguridad, en especial a los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza, a quienes invitó a agradecer en el marco del Día de las Fuerzas del Orden, celebrado este 9 de enero.
Sin embargo, el balance oficial contrasta con las alertas de organizaciones defensoras de derechos humanos, que han manifestado su preocupación por el impacto de las deportaciones masivas y las restricciones al derecho de asilo. Estos grupos advierten que las políticas actuales pueden colocar a miles de personas en situaciones de riesgo, al limitar su acceso a procesos legales y a protección internacional.
Una pieza central de esta estrategia ha sido el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, creado en 2003 y encargado de identificar, detener y deportar a migrantes irregulares. Desde hace años, la agencia ha sido señalada por presuntos actos de discriminación y prácticas racistas, críticas que se han intensificado durante el segundo mandato de Trump, cuando el ICE se consolidó como el principal instrumento de las deportaciones.
El fortalecimiento de esta política incluyó más redadas en centros de trabajo y espacios comunitarios, así como una interpretación más restrictiva de los derechos de los migrantes, lo que permitió detenciones y deportaciones con menor control judicial. Para sus defensores, se trata de una medida necesaria para garantizar la seguridad; para sus críticos, es un retroceso en materia de derechos humanos que sigue generando tensión dentro y fuera de Estados Unidos.
