Por Bruno Cortés
En la política mexicana, pocas cosas pesan tanto como la palabra “fuero”. Y justo alrededor de eso gira la postura del vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien afirmó que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial “hizo justicia” al inhabilitar al juez federal Juan Fernando Alvarado López por su actuación en casos relacionados con el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Para entender el fondo, hay que explicarlo sin rodeos. Cuando un político enfrenta acusaciones penales, una candidatura puede significar algo más que competir en las urnas: puede otorgar fuero constitucional, es decir, una protección legal que dificulta que sea detenido mientras ocupa el cargo. Según Gutiérrez Luna, el juez intentó favorecer a Cabeza de Vaca otorgándole suspensiones para que pudiera conservar una candidatura plurinominal, aun cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral ya se la había negado.
En 2024, cuando el tema estaba en plena discusión, Gutiérrez Luna —entonces representante de Morena ante el INE— presentó una queja ante el órgano disciplinario del Poder Judicial. En ese momento, dijo, no hubo sanción. Ahora, con la resolución del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, el juez fue inhabilitado al considerar que no cometió simples errores técnicos, sino faltas graves, alejadas de lo que la ley permite a un impartidor de justicia.
Aquí es donde la política pública entra en escena. La rendición de cuentas dentro del Poder Judicial no suele ser tema cotidiano para la mayoría de la gente, pero es clave para el funcionamiento del Estado. Así como los diputados pueden ser sancionados o perder el cargo si violan la ley, los jueces también están sujetos a vigilancia interna. Cuando un órgano disciplinario determina que un juez actuó sin imparcialidad u objetividad, puede inhabilitarlo para ocupar cargos públicos.
De acuerdo con la resolución, el juez emitió decisiones apartadas de la ley en juicios de amparo y concedió suspensiones que, según el Tribunal, no tenían sustento jurídico. También se revisó su actuación en el caso del entonces fiscal anticorrupción de Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda. La conclusión fue que las fallas no eran menores ni justificables.
Para Gutiérrez Luna, esta decisión marca un precedente: demuestra que dentro del Poder Judicial también hay mecanismos para investigar y sancionar. En términos sencillos, significa que los jueces no están por encima de la ley y que sus resoluciones pueden tener consecuencias administrativas si se apartan gravemente del marco legal.
Más allá del choque político entre Morena y el PAN, lo relevante es el mensaje institucional: si un juez usa su cargo para beneficiar indebidamente a alguien, puede ser separado e inhabilitado. Eso fortalece —al menos en el discurso— la idea de que el sistema tiene contrapesos internos.
En un país donde la confianza en la justicia suele estar en entredicho, cada resolución disciplinaria de alto perfil se convierte en un termómetro de credibilidad. La apuesta ahora será que el nuevo Tribunal mantenga el mismo criterio en otros casos, sin importar colores partidistas.
