Por Bruno Cortés
En el Senado no solo se discuten reformas y presupuestos; también se libra la batalla por la percepción pública. Esta vez, la protagonista fue la senadora Lilly Téllez, quien desde su cuenta en X acusó a la morenista Martha Lucía Mícher Camarena de exigir la reapertura del salón de belleza que operaba dentro de las instalaciones del Senado de la República.
El mensaje fue directo: Téllez dijo oponerse a lo que considera privilegios para legisladores y trabajadores vinculados a Morena. Su postura es sencilla de entender incluso para quien no sigue la política a diario: si alguien quiere servicios estéticos, que los pague de su bolsillo y fuera del centro de trabajo. En otras palabras, el debate no es sobre maquillaje o peinados, sino sobre el uso del dinero público.
La polémica creció cuando salieron a la luz facturas que muestran que en 2024 el Senado destinó 194 mil 174 pesos con 72 centavos para equipar ese espacio con productos de maquillaje y herramientas profesionales. Entre los artículos adquiridos hubo labiales de hasta 500 pesos, polvos traslúcidos de casi 878 pesos y diversos insumos para peinado. El proveedor fue la empresa Comercializadora Aureo, cuyo domicilio fiscal corresponde a una vivienda particular en Tlaxcala, lo que también abrió cuestionamientos sobre los procesos de compra.
Para entender el fondo del asunto hay que explicar algo básico de política pública: cada peso que se gasta en el Congreso proviene del presupuesto aprobado con recursos de los contribuyentes. Ese dinero está destinado a tareas legislativas, operación administrativa y servicios necesarios para el funcionamiento institucional. Cuando se destina a conceptos que pueden percibirse como accesorios, el debate se traslada a la arena ética y política: ¿es un gasto justificado o un privilegio?
El salón operaba en el segundo piso del edificio del Senado y ofrecía servicios de imagen principalmente en días de sesión. Tras la difusión de un video que mostraba su funcionamiento y la polémica pública, el espacio fue clausurado el 4 de febrero de 2026. Sin embargo, la discusión no terminó ahí.
Téllez remató su crítica señalando que Mícher fue una de las legisladoras que rechazó sus exhortos sobre la falta de vacunas ante el brote de sarampión, ligando ambos temas bajo un mismo argumento: prioridades presupuestales y responsabilidad pública.
Al final, lo que parece una discusión menor revela algo más profundo: cómo se utilizan los recursos en el Poder Legislativo y qué mensaje se envía a la ciudadanía en un contexto donde la exigencia de austeridad y transparencia sigue siendo alta. En política, incluso un salón de belleza puede convertirse en símbolo de algo mucho más grande.
