Por Bruno Cortés
En medio del debate que empieza a tomar forma en el Congreso, el coordinador de los diputados del PAN, Elías Lixa Abimerhi, lanzó una postura que marca distancia clara frente a la propuesta de reforma electoral anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: el PAN no participará en ningún cambio a las reglas del juego si antes no se enfrenta de fondo al crimen organizado dentro de las elecciones.
El mensaje no fue técnico, fue político y moral. Lixa puso sobre la mesa algo que para su bancada es el punto de partida: México viene de la elección más violenta de su historia reciente. Recordó que en 2024 hubo candidatos asesinados, aspirantes que abandonaron campañas por amenazas y, en algunos casos, perfiles que —según sus palabras— fueron impulsados por estructuras criminales. Bajo ese contexto, discutir fórmulas de financiamiento o rediseños institucionales sin tocar el tema de la narcopolítica sería, dijo, mirar hacia otro lado.
Para entender el fondo del planteamiento hay que explicarlo sencillo: una reforma electoral no solo define cómo se reparten curules o cuánto dinero reciben los partidos; también determina qué tan limpio es el proceso para llegar al poder. Si el crimen organizado financia campañas o impone candidaturas, el problema no es administrativo, es estructural. Por eso el PAN plantea cinco condiciones mínimas antes de sentarse a negociar.
La primera es crear mecanismos reales para rastrear dinero ilícito en campañas. La segunda, cerrar el paso al financiamiento criminal. La tercera, establecer la nulidad automática de elecciones donde se compruebe intervención del crimen organizado. La cuarta, retirar el registro a partidos que permitan recursos ilegales. Y la quinta, imponer sanciones penales a dirigentes que avalen candidaturas vinculadas con estructuras delictivas.
En otras palabras, el PAN busca que la reforma no se limite a redibujar el sistema, sino que blinde el proceso electoral. Desde su óptica, reducir financiamiento o modificar reglas sin limpiar el origen del dinero sería cosmético. Lixa fue más allá y cuestionó que hasta ahora no exista un documento formal, sino solo una presentación conceptual. Dijo que no se puede opinar seriamente sobre diapositivas; lo que importa es el texto final de la iniciativa.
También criticó que, según su versión, las fuerzas políticas no fueron convocadas a un diálogo previo real. Eso, en su lectura, debilita la narrativa de apertura y consenso que el gobierno ha intentado proyectar. Para el coordinador panista, una reforma electoral que no atienda la infiltración criminal corre el riesgo de convertirse en una simulación o, peor aún, en un distractor frente a problemas más urgentes.
El debate apenas comienza y todavía no hay una iniciativa formal en el Congreso. Pero la postura del PAN ya está fijada: sin reglas claras para erradicar la narcopolítica, no habrá acompañamiento. En un país donde la violencia electoral dejó huella reciente, el choque entre rediseñar el sistema y limpiar el proceso promete convertirse en uno de los ejes centrales de la discusión legislativa.
