El pleito casado que mantenían miles de ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) en los tribunales laborales llegó a su fin, y con ello, se le cerró la llave a un jugoso negocio jurídico. El requisito clave para que los electricistas accedieran a su compensación fue, ni más ni menos, dar carpetazo definitivo a sus demandas.
Durante trece años, las juntas de conciliación en la capital del país estuvieron atiborradas de expedientes contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Indep. Mantener vivos estos juicios se había convertido en una auténtica mina de oro para diversos bufetes privados que cobraban jugosas igualas procesales.
La estrategia del gobierno federal, plasmada en el Diario Oficial, operó como un candado patrimonial de alta precisión. Para poder cobrar el primer cheque de este esquema de justicia social, el extrabajador tuvo que presentar por escrito su desistimiento formal y absoluto ante las autoridades laborales competentes.
Pero la autoridad no se quedó a medias tintas. Además de retirar los amparos y demandas en curso, los beneficiarios tuvieron que firmar un documento vinculante donde manifestaban que no se reservaban ninguna acción legal, presente o futura, en contra del Estado mexicano por la extinción de la compañía en 2009.
Especialistas en la materia afirman que esta maniobra desactivó pasivos laborales que amenazaban con asfixiar las finanzas de la CFE. Si esos miles de expedientes hubieran culminado en laudos condenatorios, el costo por salarios caídos e indemnizaciones habría sido astronómico para las arcas nacionales.
La decisión de exigir la paz legal a cambio de la pensión vitalicia demuestra una técnica de negociación implacable. Se cambió la incertidumbre de los tribunales por una certeza administrativa, protegiendo al mismo tiempo los intereses económicos de la nación y ofreciendo una salida digna a la clase trabajadora.
Las voces que califican esta medida como un «regalo» omiten el peso jurídico de un desistimiento masivo. Renunciar a la posibilidad de demandar al patrón sustituto es un acto legal de suma trascendencia que extingue de raíz cualquier reclamación económica paralela que pudiera surgir en el futuro.
Para el sistema de justicia laboral capitalino, la descongestión de sus archivos representa un respiro profundo. Miles de carpetas pasaron al archivo muerto gracias a este acuerdo, permitiendo que las autoridades enfoquen sus recursos en resolver los conflictos obrero-patronales vigentes.
La historia del sindicalismo en México tomó un giro pragmático con este decreto. Al poner un alto definitivo al carrusel de los juzgados, el gobierno demostró que la mejor forma de proteger al Estado es resolviendo los conflictos de fondo, sin dejar cabos sueltos que puedan sangrar el erario en los años venideros.
