Por Juan Pablo Ojeda
A casi cuatro meses del homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, la Fiscalía de Michoacán reporta 20 personas detenidas y seis más pendientes de captura por su presunta participación en el crimen ocurrido el 1 de noviembre de 2025.
El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, informó que entre los prófugos se encuentra José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas del exedil, además de otros presuntos colaboradores vinculados con la planeación y ejecución del ataque.
De acuerdo con la investigación, el homicidio fue resultado de una estructura organizada que incluyó autores materiales, enlaces logísticos y presuntos autores intelectuales. Entre los detenidos destaca José Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como presunto autor intelectual, así como funcionarios municipales y siete policías que fungían como escoltas de Manzo.
Las indagatorias revelaron que el ataque fue planeado mediante un chat de mensajería instantánea donde participaron al menos diez personas. El autor material, Víctor Manuel “N”, fue abatido en el lugar tras disparar contra el exalcalde en la plaza principal de Uruapan. Posteriormente, otros dos implicados fueron localizados sin vida.
La investigación también apunta a presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que derivó en la colaboración con la Fiscalía General de la República para ampliar las indagatorias. Entre los detenidos figura el hermano de René Belmontes, alias “El Rhino”, identificado como presunto jefe de plaza del grupo criminal en la región y quien había sido detenido previamente por Manzo durante un operativo en Uruapan.
Además, fue capturado Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, señalado como reclutador y presunto responsable de integrar a menores de edad en la célula que ejecutó el crimen. La Fiscalía sostiene que parte de la red operaba en Uruapan bajo una estructura jerarquizada con funciones específicas.
El caso ha puesto en el centro del debate la infiltración del crimen organizado en ámbitos municipales y la vulnerabilidad de funcionarios locales ante disputas territoriales. Aunque hay avances significativos, la autoridad estatal reconoce que la investigación sigue abierta y que aún faltan detenciones clave para cerrar el círculo de responsabilidades.
La evolución del proceso dependerá tanto de las órdenes de aprehensión pendientes como del trabajo coordinado entre instancias estatales y federales para esclarecer por completo la cadena de mando detrás del asesinato.
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