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Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, fue captado recientemente en París, Francia, a pesar de contar con una orden de aprehensión vigente en México por delitos graves relacionados con delincuencia organizada. La imagen, difundida este 23 de diciembre de 2025, muestra al empresario en el exclusivo Bar Vendôme del Hotel Ritz, uno de los inmuebles más lujosos de la capital francesa.
La detención de Mario Alberto Cárdenas Medina, conocido como “El Beto”, “El Betito” o “El Betillo”, volvió a colocar el reflector sobre una de las familias más emblemáticas del crimen organizado en México. La noche del domingo, en una de las avenidas más transitadas de Monterrey, la Policía Estatal de Nuevo León lo capturó durante un operativo que, aunque discreto, tiene un peso simbólico importante en el combate a los grupos criminales.
El caso que persigue la presunta red de corrupción ligada a Genaro García Luna sumó un nuevo capítulo en México. Una jueza federal dictó prisión preventiva a María Vanesa Pedraza Madrid, exasesora cercana del exsecretario de Seguridad Pública, acusada por la Fiscalía General de la República de su probable participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La justicia federal volvió a poner el foco sobre un nombre que en las últimas semanas ha dado de qué hablar tanto en los tribunales como fuera de ellos. Un juez federal en Querétaro ordenó la detención de Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano y copropietario de Miss Universo, luego de que la Fiscalía General de la República cancelara el criterio de oportunidad que hasta ahora lo había mantenido en libertad.
La Fiscalía General de la República dio un nuevo golpe a la red que durante años operó alrededor de Genaro García Luna. Esta semana logró la detención de María Vanesa Pedraza Madrid, quien fue asesora cercana del exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón y hoy es señalada por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
La investigación por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa volvió a sacudir a Iguala. La Fiscalía General de la República llevó a cabo un amplio operativo que terminó con el aseguramiento de dos nuevas propiedades vinculadas a una familia señalada dentro de la indagatoria. El despliegue, encabezado por la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, se centró en inmuebles relacionados con la funeraria El Ángel, uno de los nombres que desde hace meses aparece reiteradamente en las diligencias federales.
La Fiscalía General de la República volvió a poner bajo la lupa a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, al acusarlo formalmente de mover dinero público como si se tratara de capital privado. Según la FGR, Duarte habría intentado ocultar más de 76 millones de pesos de los 96 millones que presuntamente desvió durante su administración, usando un esquema que mezclaba subsidios, empresas propias y transferencias disfrazadas. En palabras simples: dinero que debía impulsar al sector ganadero del estado habría terminado regresando a las cuentas del propio exmandatario y de su círculo más cercano.
Las cámaras de videovigilancia en Michoacán trazaron con detalle el recorrido de la camioneta utilizada como coche bomba en Coahuayana el pasado 6 de diciembre. Las imágenes revelan un operativo más amplio de lo que se pensó inicialmente: al menos cinco vehículos escoltaron la unidad cargada con explosivos antes de detonar frente a la Policía Comunitaria.
A casi diez años de dejar el gobierno de Veracruz y con la mira puesta en salir del Reclusorio Norte en 2026, Javier Duarte de Ochoa enfrenta un giro inesperado que podría derrumbar cualquier plan de libertad anticipada. El gobierno de Guatemala autorizó formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) a imputarle nuevos delitos por presuntos desvíos millonarios de recursos federales, especialmente aquellos destinados al sector salud durante su administración (2010–2016).
César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, ya está en territorio mexicano para enfrentar a la justicia. La noche del 9 de diciembre fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, tras ser detenido y extraditado desde Estados Unidos. Con ello, uno de los expedientes más prolongados de presunta corrupción en gobiernos estatales vuelve a colocarse en el centro de la agenda nacional.