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La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, anunció que intervendrá en el caso de Stella “N”, una mujer vinculada a proceso en Coahuila por el delito de violencia vicaria, al considerar que la decisión judicial parte de una interpretación equivocada de la ley y vulnera los principios constitucionales de protección a las mujeres.
La Secretaría de las Mujeres y la Fiscalía General de la República acordaron compartir información estratégica para fortalecer la investigación de agresores de mujeres en México, como parte de una nueva etapa en el combate a la violencia por razones de género. El objetivo central es dejar atrás la visión de casos aislados y avanzar hacia un enfoque integral que permita identificar patrones, riesgos y posibles reincidencias.
San Miguel Topilejo se convirtió en el epicentro de las acciones contra la violencia de género con la segunda jornada de la Oleada Violeta, impulsada por la Secretaría de las Mujeres y la Alcaldía Tlalpan.
La conversación sobre seguridad y respeto hacia las mujeres volvió a sonar fuerte en el Congreso. Esta vez, con el Plan Integral contra el Abuso Sexual presentado por la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citalli Hernández Mora, y respaldado por la diputada Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano. El mensaje es claro: México necesita un cambio cultural y político real para que las mujeres puedan vivir sin miedo, trabajar sin acoso y caminar por las calles sin temor.
Durante la conferencia matutina conocida como “la mañanera del pueblo”, el Gobierno de México reveló que en lo que va de 2025 se han registrado 25 mil 70 denuncias por abuso sexual en el país, según datos oficiales de la Secretaría de las Mujeres, dirigida por Citlalli Hernández. Las cifras evidencian que la violencia sexual sigue siendo uno de los delitos más denunciados y con mayores niveles de impunidad en México.
En el marco de la 80ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se celebra en Nueva York, México reafirmó su compromiso con la igualdad de género, destacando que este principio no es solo una meta social, sino un mandato constitucional que guía la política pública del país.